Transparencia, palabra tan escuchada estos meses; la relación entre dinero y política se ha hecho mas presente que nunca con los casos de boletas ideológicamente falsas en Penta, luego Soquimich, y el caso Caval que envuelve al mismísimo hijo de la Presidenta Bachelet. Todo el espectro político parce haber sido "manchado" por la temida corrupción, aun cuando ya los políticos venían de capa caída en la percepción de credibilidad de las personas. Hoy sin embargo, estamos ante una crisis de representatividad en los partidos, e incluso en las autoridades e instituciones públicas.
¿Qué pasó?
Con el retorno a la democracia, los chilenos pensábamos que la "alegría llegaría". Sin embargo, la dictadura se había encargado de dejar muchas amarras que no permitieron hacer los arreglos que el pueblo y el nuevo gobierno esperaban. Teniendo a Pinochet cono Comandante en Jefe del Ejército, con una Constitución llena de resquicios que hasta el día de hoy no han podido ser cambiados, una carta a toda vista no representativa del país, sino de unos pocos. Al mismo tiempo, la política de intentar mejorar "en la medida de lo posible", inició el descontento de quienes vislumbraban un mejor camino para Chile. Por si fuera poco, la semilla del neoliberalismo ya había sido sembrada y empezaba a dar sus frutos. Esto fue sumando a que quienes estaban ahora en el poder se "encantaron" con viejas y malas prácticas. Mucho se dijo que Chile no era un país corrupto, como lo eran muchos otros países de latinoamérica.
Con el correr de los años, los gobiernos de la Concertación hicieron los cambios que pudieron, pero nunca estructurales. Mucha negociación con los empresarios, haciendo trajes a la medida para que estos no expresaran a los cuatro vientos la temida "fuga de capitales e inversión extranjera". El cobre, con la mejor valorización de años, entregaba dinero y crecimiento al país, pero los extranjeros dueños de las mineras no pagaban un peso de sus ganancias. Por otro lado, los cambios hechos en dictadura en educación y salud hicieron que los colegios municipales tuvieran una pésima calidad, una salud pública deficitaria e irregularidades en los sistemas de pensiones y salud que, siendo privatizados, convirtieron a la salud y la educación en bienes de consumo y no en un derecho.
Los chilenos nos "acostumbramos" a los nuevos tiempos. Pero en 2006 llegó el primer indicio de que las cosas no iban por buen camino. Los secundarios y su "revolución pingüina" dieron señales de que al menos la educación pública debía cambiar. Pero no se hizo nada al respecto.
Ya en 2011, bajo el primer gobierno de derecha después de unos 40 años, se puso en el tapete el descontento de la ciudadanía por los gobiernos de la Concertación y sus nulos avances en temas medulares. Al mismo tiempo, el marco de las manifestaciones sociales, iniciadas por los universitarios, exigiendo una educación laica, gratuita y de calidad, logró movilizar a muchas personas que tenían dormidos sus sentidos y que despertaban a una realidad que no les gustaba. Se ponía en tela de juicio la calidad de la educación, sus principios, valores, y su estructura. Esos jóvenes, que ahora son Diputados de la República, sembraron una nueva semilla: la de la lucha social por demandas no satisfechas. Aún así, siendo positivo este gran paso, no se han logrado aglutinar las distintas demandas, las que parecen ser mas individuales que colectivas, salvo el tema de la educación. Pero ya es un comienzo.
En el segundo gobierno de Michelle Bachelet, con las promesas de una reforma tributaria, una educación gratuita y de calidad, una reforma laboral e incluso una nueva constitución, salen a relucir varios escándalos de corrupción, sumados a otros relacionados con la colusión de farmacias, "perdonazos" de impuestos al retail y otros, los que, a pesar de ser investigados, han hecho crecer el descontento y escepticismo de la ciudadania en las instituciones. El símbolo de todo esto, se vio reflejado en el escándalo de corrupción en el que se vio involucrado el hijo de la Presidenta y que está en investigación, junto a un Gobierno que ha tratado de volver a la política de los consensos mas que a la realización de las promesas de reformas estructurales que cambien el modelo de país que tenemos. Existe la sensación de un desorden, de una Presidenta sin mayor apoyo de sus partidos, con un manejo político errático y cambiante. El piso se ha movido, ya que políticos de todo los bandos se han visto envueltos en escándalos que rayan o está derechamente involucrados en corrupción. Las instituciones como los partidos políticos, si ya estaban deteriorados, hoy carecen de toda credibilidad como representantes de la ciudadanía, la que espera desarrollarse en movimientos sociales que ayuden a reivindicar los valores perdidos en el país y que devuelvan un Chile distinto, no vendido, lo cual, a estas alturas, llama a todas voces al cambio de la actual Constitución considerada ilegítima, por una en que pudiesen estar involucradas la mayor parte de las voces y actores que representan a un país que quiere cambiar. El Gobierno poco se ha pronunciado al respecto y deja claro que en esta administración no será posible cambiar la carta magna, aun cuando hay acuerdo en el cambio. En lo que no hay acuerdo, es en la forma de este cambio. Se ha propuesto un plebiscito y una asamblea constituyente. Pero una vez más los actores que se pueden ver perjudicados por esta modalidad, están poniendo trabas, siendo el Gobierno incapaz de resolver al menos el mecanismo del cambio.
